"EN CONTRASTE"

Comienzo recomendando el libro titulado “México ante Dios”, de Francisco Martín Moreno. ¿Puede una ley que es de carácter general, ser benéfica para unos cuántos?, desgraciadamente nuestro país desde su independencia, se vio inmerso en constantes pugnas por el control del poder (sobre todo en el siglo XIX). Es de recordar todos aquellos golpes de Estado o guerras civiles que deponían una y otra vez a cada gobernante. Tan solo reflexionemos sí es normal que nuestra nación (1821) pudiera funcionar adecuadamente con 9 gobernantes en tan solo 12 años de vida independiente, lógicamente al no existir una continuidad, sobre todo ideológica, se trunca el proceso de transformación y se comienza de cero.

Otro punto por destacar es la presencia del ejercito y del clero, factores reales de poder que, aprovecharon la incipiente administración del país para consolidar su poder a través de personajes políticos y con un extenso patrimonio que les permitiera constituirse con tal relevancia dada la cantidad de interese que manejaban. Suelo pensar que no hemos quedado con un atraso en nuestro sistema jurídico provocado por la inestabilidad derivada del siglo XIX, mientras otros países (Italia, Chile, Argentina, etc) enfocan sus investigaciones jurídicas hacia un neoconstitucionalsimo, hacia el reconocimiento de la eutanasia, matrimonio del mismo género y el aborto, aquí todavía nos constreñimos cuando se debaten estos temas.

La gran oportunidad de oro para México de haber consolidado su independencia real y no formal (1821) fue con la llegada de Benito Juárez al poder. La constitución de 1857 tan vanguardista y las leyes que le dieron origen como la Ley Juárez y la Ley Lerdo , dejaron de tener efecto cuando el tirano de Porfirio Díaz las deroga y por conveniencia personal (pese a que lucho en el bando liberalista) se vio en la necesidad de desmantelar lo hecho por el Benemérito de las Ameritas. Todo fue en balde,  ya que celebramos innovaciones o alcances jurídicos que en otros países fueron cosa del pasado y en la actualidad lo ven como algo tan trivial y hasta cotidiano.

La SCJN se encuentra en un momento histórico para hacer valer la justicia que tanto ha sido politizada desde el México independiente. La comisión de la SCJN encargada de llevar a cabo las indagatorias (el ministro Silva Meza, los magistrados Enrique Escobedo Angeles, Emma Meza Fonseca y Sergio Alvarado Puente), realizó durante más de dos meses en los estados de Puebla y Quintana Roo, la recaudación de las pruebas documentales, periciales, testimoniales e inspecciones judiciales, a víctimas y funcionarios implicados, para someter a consideración del pleno las siguientes recomendaciones.

Que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, sea sometido a juicio político, la autorización para la Procuraduría General de la República (PGR) que ejercite acción penal en contra de los procuradores de Puebla y de Quintana Roo, el desafuero del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, la destitución de la juez de lo penal Rosa Celia Pérez Camacho y la exhortación a las autoridades ministeriales para que sean consignados y procesados los policías que participaron en la detención de la periodista.

Para que sean aprobadas las sugerencias del informe que elaboró el ministro Silva Meza, se requiere una votación confirmatoria mínima de seis ministros, el voto del presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, puede ser la diferencia. Oaxaca y Puebla serán un duro golpe al PRI y un recurso de legitimidad para el partido gobernante.

No todo podía ser tan bonito, una vez más en la historia de nuestro país no podemos dejar de tener suspicacias. La decisión de la SCJN de aplazar la votación del dictamen a falta de un reglamento que norme el cómo proceder a la investigación facultada por la Corte, puede presumirse como un ardid político en 2 contextos. Ya que sí hubiera votado el pleno para confirmar las violaciones a Lydia Cacho, se hubiera presumido que ya estaba fraguado al no existir tales reglas y por consecuencia se plantearía una supuesta persecución. Caso contrario, al no confirmarse el dictamen por mayoría, se hubiera pensado en el mismo sentido ¡como no hay reglas parece que todo fue planeado!

El caso será analizado por el ministro Juan Silva Meza, que cuenta con importantes antecedentes como el caso de Lydia Cacho y el de San Salvador Atenco. Si la Corte se pronuncia concluyendo la existencia de tales violaciones, aquí la Cámara de Diputados y el ministerio público de ambas jurisdicciones, tendrán que ser muy cautelosos al momento de identificar los planteamientos para ejercer acción a los presuntos responsables, ya que se podrían venir abajo sino se discierne correctamente el espacio local y federal. 

Es un conflicto donde ambas jurisdicciones tuvieron responsabilidad, el gobierno federal en un principio no tomó las riendas del conflicto alegando no tener competencia por ser un conflicto de carácter estatal, pero al observar el desconocimiento hacia el poder ejecutivo local, necesariamente tuvo que intervenir para atenuar los ánimos y sobre todo por la cercanía de los tiempos electorales. 

Situémonos en el ahora y, analicemos el papel que jugará la SCJN en el ámbito político. El gobierno de la república tendrá un notable ascenso de legitimidad sí, la Corte confirma tales violaciones, esto dejaría mal parado al PRI ya que sería un (KO) directo a sus aspiraciones del 2009 de retomar en el congreso el papel de segunda fuerza política. ¿Y el PRD?, esperemos lleguen a ser lo suficientemente mesurados y recatados para interpretar el momento político para allegarse nuevamente de credibilidad.